Imagino que si estás en el mundo ya has leído/escuchado algo en referencia a la noticia sobre un abogado que acaba de ser multado en España por citar 48 sentencias que no existen. Fueron fruto de las alucinaciones de ChaGPT.
Hay algo que los profesionales del derecho saben pero no siempre verbalizan: la reputación de un despacho Se construye caso a caso, escrito a escrito, durante años. Es un activo frágil. Y puede destruirse mucho más rápido de lo que se tarda en construirlo.
La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso cifras a esa fragilidad: 420 euros de multa a un abogado que presentó un recurso con 48 citas de jurisprudencia completamente inventadas. Todas generadas por chatGPT. Ninguna verificada.
Es la primera sanción de este tipo en España.
Los hechos
El letrado recurrió una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En su escrito incluyó 52 referencias jurisprudenciales. Solo cuatro eran reales, y porque ya aparecían en la sentencia que estaba recurriendo. Las otras 48, más un supuesto informe del CGPJ sobre credibilidad del testimonio infantil, no existían.
El tribunal fue duro en su descripción: el abogado desgranaba las citas falsas «con soltura y desparpajo». No verificó números de sentencia, ni fechas, ni identificadores. Confió ciegamente en lo que el algoritmo le propuso.
La multa se calculó con intención pedagógica: el coste de una suscripción anual a una herramienta de IA jurídica especializada (840 euros), reducido a la mitad por reconocer los hechos. El caso ya está en manos del Colegio de Abogados para posibles sanciones disciplinarias.
Un patrón que se repite
Canarias no es un caso aislado. En 2024, el Tribunal Constitucional sancionó a otro letrado por incluir citas literales de sentencias inexistentes en una demanda de amparo. La Audiencia Provincial de Alicante ha señalado recientemente a un abogado por inventar jurisprudencia del Supremo en un caso concursal. En Navarra, otro profesional citó el Código Penal de Colombia en lugar del español.
A nivel global, ya se han documentado más de 880 casos de contenido legal inventado por IA que han acabado en sanciones o reprimendas judiciales. El ritmo se ha disparado de dos casos semanales antes de 2025 a dos o tres diarios.
El problema no es la herramienta
Lo más interesante del auto del TSJ de Canarias es lo que no dice. No cuestiona el uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica. De hecho, cita el Libro Blanco sobre IA y Abogacía del Consejo General de la Abogacía para recordar que estas herramientas aportan eficiencia.
El problema no es usar IA. El problema es usarla sin dirección, sin verificación, sin entender qué puede hacer y qué no. «El principio de supervisión humana se erige en el eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales», señala el tribunal. La responsabilidad sigue siendo de quien firma.
La reputación es uno de los activos más valiosos
420 euros es una multa menor. Lo que no tiene precio es a un tribunal describiendo tu trabajo como «ejercicio de libérrima creatividad jurídica». Un auto que pasa al Colegio de Abogados. Un cliente que se entera. Otros potenciales clientes que buscan tu nombre y encuentran la noticia.
La credibilidad profesional se acumula despacio y se evapora rápido. Cada escrito riguroso, cada intervención bien fundamentada, cada consejo que demuestra conocimiento real suma puntos en una cuenta invisible. Un atajo mal tomado puede vaciarla.
La inteligencia artificial no va a desaparecer de los despachos. Todo lo contrario. Pero quienes la adopten sin entender sus límites están apostando su reputación a una ruleta. Esto también aplica para la generación de contenidos de las propias firmas.
Comunicar con rigor es lo que diferencia a los profesionales de los que solo lo parecen.
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